Toda persona acusada de cometer un delito y que no tenga medios y/o recursos económicos para pagar un abogado particular o aquella que no designe un abogado de su confianza tiene derecho a solicitar un abogado de la Defensa Pública penal quien lo asesorará y lo representará ante los tribunales de justicia para cumplir con los fines del proceso penal guatemalteco. También se presta asesoría y acompañamiento a las personas que son investigadas ante el Ministerio Público por la comisión de un hecho delictivo.

Además se cuenta con una coordinación de impugnaciones que presenta en el departamento de Guatemala todos los recursos que sean idóneos y necesarios para la tramitación justa del proceso y también presta asesoría en materia de impugnaciones a los defensores públicos del Instituto, en beneficio de nuestros patrocinados, así como para la interposición del procedimiento de revisión a su sentencia.