La Unidad de Asesoría Jurídica está adscrita a la Dirección General del Instituto, de la cual depende administrativa y funcionalmente de conformidad con el acuerdo de su creación.

Objetivo: es la dependencia administrativa encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los procedimientos y actividades relacionadas con la asesoría legal que debe brindar a la Dirección General de la Institución y demás dependencias -siempre en el ámbito de su competencia-; ejercitar todas las acciones judiciales que sean de interés para la Institución, así como actuar frente a las pretensiones judiciales promovidas contra el Instituto de la Defensa Pública Penal y sus autoridades.

La Unidad de Asesoría Jurídica, contempla las siguientes funciones generales:
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procedimientos y actividades relacionadas con ésta;
b) Proporcionar asesoría legal a la Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal y demás dependencias de la Institución, a éstas últimas, siempre en el ámbito de su competencia;
c)Preparar y promover todas las actuaciones judiciales que sean necesarias y actuar en defensa de la Institución y/o de sus autoridades en los procesos de cualquier naturaleza;
d)Distribuir los asuntos que ingresen a la Unidad, designando el Asesor Jurídico responsable del trámite, según su naturaleza;
e)Emitir dictámenes y opiniones legales, con la finalidad de enmarcar las actuaciones del Instituto de la Defensa Pública Penal dentro del ámbito de legalidad;
f)Emitir dictámenes relacionados y opiniones de apoyo a la gestión institucional relacionados con los contratos que celébre el Instituto de la Defensa Pública Penal;
g)Representar según mandato, al Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal y a la Institución, en los asuntos judiciales que sean necesarios;
h)Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de la Institución, así como de otras dependencias administrativas cuando sea procedente;
i)Rendir los informes que sean requeridos por la Dirección General del Instituto de la Defensa Pública Penal; y
j)Conocer las consultas de las dependencias del Instituto de la Defensa Pública Penal –siempre dentro del ámbito de su competencia-, así como de instituciones externas y emitir dictámenes u opiniones de apoyo a la gestión institucional.