Marco Normativo

El Instituto de la Defensa Pública Penal, basa su funcionamiento como Institución autónoma en las siguientes normas:

Normativa Constitucional

La Constitución Política de la República de Guatemala, decretada en el año 1985, en el artículo 12 garantiza el derecho de defensa estableciendo que “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente”, además el artículo 14 de la Constitución establece la presunción de inocencia y publicidad del proceso, garantizando que “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia ejecutoriada”.

Normativa Ordinaria

Artículo 4º del Código Procesal Penal que regula la observancia en el proceso penal del debido proceso y juicio previo.

Artículo 20 del Código Procesal Penal que desarrolla el derecho de defensa, que los habitantes de la republica de Guatemala tienen en un proceso penal.

Artículo 92º del Código Procesal Penal que define el derecho del sindicado de elegir abogado defensor de su confianza.

Artículo 103 del Código Procesal Penal que define el derecho del sindicado de ser asistido por defensor de oficio en caso de renuncia o abandono de la defensa técnica.

Decreto del Congreso de la República No. 129-97 Ley del Servicio Público de Defensa Penal


Tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por el Estado de Guatemala

Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 8 inciso e de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Acuerdos de Paz , Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

Leyes y Reglamentos del Instituto de la Defensa Pública Penal