Toda persona acusada de cometer un delito y que no tenga medios y/o recursos económicos para pagar un abogado particular o aquella que no designe un abogado de su confianza tiene derecho a solicitar un abogado de la Defensa Pública Penal quien lo asesorará y lo representará ante los tribunales de justicia para cumplir con los fines del proceso penal guatemalteco. También se presta asesoría y acompañamiento a las personas que son investigadas ante el Ministerio Público por la comisión de un hecho delictivo.

Además se cuenta con una coordinación de impugnaciones que presenta en el departamento de Guatemala todos los recursos que sean idóneos y necesarios para la tramitación justa del proceso y también presta asesoría en materia de impugnaciones a los defensores públicos del Instituto, en beneficio de nuestros patrocinados, así como para la interposición del procedimiento de revisión a su sentencia.

Brindamos el servicio de defensa pública penal, a través de abogados de planta que laboran de 8:00 a 15:30 hrs de lunes a viernes y a través de abogados de oficio que trabajan por turnos de las 15:30 hrs de un día a las 8:00 del siguiente día, los 365 días del año, en aquellos lugares en donde se encuentran instalados juzgados penales de 24 horas de turno. El Instituto cuenta con defensores públicos en todos aquellos lugares en donde hay un Juzgado de 1era Instancia Penal. El Defensor Público ejerce la defensa técnica en todas las etapas del proceso desde el primer momento de la sindicación del hecho delictivo hasta el pronunciamiento de la sentencia que resuelve en definitiva el caso.

La Ley de Protección integral de la Niñez y la Adolescencia contempla los procedimientos para la administración de justicia cuando un adolescente es sometido a un proceso penal por la presunta comisión de un ilícito.

El Instituto de la Defensa Pública Penal por medio de un Abogado Especializado brinda el servicio de defensa a los adolescentes comprendidos entre las edades de 13 a 18 años, que son sindicados de cometer un delito, una falta o hecho de tránsito. Durante el cumplimiento de su sentencia son asistidos por un abogado que vela por que cada tres meses se celebre su audiencia de revisión, para verificar el cumplimiento por parte de él y de la Secretaría de Bienestar Social de su plan de vida y proyecto educativo que le permita su rehabilitación y reinserción a su familia y a la sociedad.

• Observar buena conducta hasta el día que obtenga su libertad anticipada, sin anotaciones que indiquen lo contrario.
• Haber laborado por lo menos la mitad del tiempo del total de la condena, desde la fecha de detención.
• Someterse a exámenes de los equipos multidisciplinarios, obteniendo la aprobación de los mismos (médico, psicológico pedagógico, dictamen de trabajo social e informe moral extendido por el capellan del centro de detención)
• La rendición especial opera cuando en prisión el privado de libertad concluya la educación primaria, acreditándosele únicamente 90 días. Se solicita por lo menos un año con anterioridad a la mitad de la condena.
• Los trabajos fuera del centro de detención se solicitarán en Coordinación con la Trabajadora Social del Instituto.
• La libertad controlada opera cuando el privado de libertad padezca enfermedad incurable en fase terminal (cáncer, SIDA, algunos tipo de diábetes, etc.), requiriéndose el recurso familiar respectivo, obteniendo la libertad anticipada sin llenar los requisitos exigidos para los demás beneficios penitenciarios.

Beneficios penitenciarios:

• Redención de penas por trabajo y buena conducta
• Redención especial
• Libertad controlada
• Trabajo fuera del centro de detención
• Permisos y traslados, entre otros

Cumpliendo con la función social de rehabilitar y reincorporar a la sociedad y al trabajo productivo, a las personas que ingresaron al sistema penal por cualquier circunstancia.

El Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con personal que lleva a cabo procesos de rehabilitación cuando a las personas le aparecen antecedentes penales y policíacos; acción que consiste en solicitar al juez de ejecución: la cancelación de ficha de antecedentes penales al juzgado pertinente y/o al director de la Policía Nacional Civil cuando le aparecen antecedentes policíacos.