Es la responsable de la defensa técnica jurídica que ejercen los abogados defensores de adolescentes en conflicto con la ley penal que se ubican en las 26 sedes a nivel nacional en donde existe Juzgado de Primera Instancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Los defensores públicos de adolescentes en conflicto con la ley penal, hacen valer su intervención desde el primer momento en que exista una denuncia o sindicación de un adolescente por la posible comisión de un hecho delictivo, que constituya delito o falta. Son garantes bajo su estricta responsabilidad del respeto de los derechos y garantías reconocidas por la ley y por tratados internacionales, en materia de niñez y adolescencia.

La Coordinaciones de Adolescentes en conflicto con la ley penal, cuenta con 41 abogados defensores públicos especializados en justicia penal juvenil a nivel nacional y 41 asistentes o procuradores jurídicos.

La Coordinación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede central ubicada en la zona 9 cuenta con un equipo multidisciplinario, conformado por dos psicólogos y una trabajadora social; el área de trabajo social elabora informes sociales o socioeconómicos de los cuales se ha logrado establecer un recurso idóneo o condición económica, entre otras, logrando así el beneficio de medidas cautelares no privativas de libertad. El área de psicología elabora dictámenes periciales con diversas finalidades, como el de establecer perfiles psicológicos, proyecto de vida, congruencias de los relatos entre otros; obteniendo así mismo los beneficios antes mencionados. Parte de esos beneficios, es que los adolescentes puedan recibir atención psicoterapéutica, la cual también es impartida por los profesionales del área, como parte del nuevo modelo de gestión juvenil el cual busca la privación de libertad como último recurso.

En los lugares donde predomina la población maya indígena se cuenta con traductores para auxiliar a los abogados en los casos de los adolescentes que no hablen el idioma español.

El Instituto de la Defensa Pública Penal forma parte desde el 18 de diciembre del 2020 del modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil MAIJU, producto de la firma del Sistema Integrado de Justicia Penal Juvenil para la atención especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo un mecanismo con el que se busca que la administración de justicia responda al perfil específico de cada adolescente, persiguiendo formas anticipadas de terminación de procesos en su contra, alternativas a la privación de libertad y procurar la reinserción social a jóvenes en conflicto con la ley penal y además permite la coordinación entre las instituciones y que cada cual trabaje según sus funciones con el objetivo principal de proporcionar para las y los adolescentes una atención que garantice el respeto a sus Derechos Humanos.